Luego de la aprobación del pedido de facultades, el gobierno de Keiko Fujimori abrirá un nuevo capítulo, más difícil que el anterior. Ahora el Ejecutivo debe empezar a presentar en blanco y negro las normas que servirán de herramienta para la lucha contra la criminalidad y la prevención del fenómeno de El Niño. Además, tendrá que velar por su correcta implementación y medir su eficacia en el menor tiempo posible, porque estamos en un país donde la ansiedad está al tope y el agua ya llegó hasta las rodillas, como en Chulucanas esta semana.
Pero en el Ejecutivo parecen tener claro el nuevo tiempo en el que juegan. Ni bien se cerró el debate en el Congreso, con varias interrogantes de índole constitucional aún pendientes, la presidenta Fujimori salió al día siguiente con el jefe del Gabinete, Luis Galarreta, y el ministro de Economía a anunciar un paquete de estímulo fiscal de S/18.000 millones, que se repartirá entre bonos para personas vulnerables, subsidios al transporte e inversión pública en construcción y mantenimiento de infraestructura básica.
Es, sin duda, un paquete robusto y pertinente que, como explicó el ministro de Economía, busca amortiguar los efectos devastadores de este Meganiño, que según estimaciones del BCR podría costarle a la economía cerca de un punto del PBI. Sin embargo, como ocurrió con el pedido de facultades, el reto del gobierno estará en la implementación para lograr los efectos deseados.
Del total, S/2.500 millones se destinarán a bonos para familias vulnerables y S/500 millones a subsidios a los combustibles. En este frente, el gobierno no debería tener mayores problemas: se trata de dinero a la vena para los más vulnerables, que evitará que pierdan poder adquisitivo ante el alza de la canasta básica e, incluso, que caigan en pobreza. Ya se hizo con relativo éxito durante la pandemia del COVID-19 y no hay razón para que ahora sea distinto con El Niño.
Lo más desafiante será la ejecución de los otros S/15.000 millones. De esta gran bolsa, S/2.000 millones están presupuestados para gasto menor en mantenimiento de colegios, centros de salud, comisarías y carreteras, y S/13.000 millones para infraestructura nueva o para culminar obras paralizadas con alto nivel de avance. La pregunta es si se podrá ejecutar esta cantidad de recursos en tan corto tiempo y, sobre todo, de manera eficiente.
Por ejemplo, esta semana el diario “Gestión” reveló que, según información del propio MEF, los municipios y gobiernos regionales gastaron en los últimos 15 años más de S/20.000 millones en más de 53.300 obras hoy inconclusas. Hay un desorden gigantesco en la planificación: cada alcalde quiere poner su primera piedra, pero son muy pocos los que colocan la última.
A las ya evidentes dificultades de municipalidades y gobiernos regionales para gastar a tiempo y bien en obras de infraestructura se suma un factor que puede agravar aún más el escenario: los actuales alcaldes y gobernadores están a casi dos meses de dejar sus cargos, y los que entren necesitarán un período para entender la complejidad del puesto en medio de una emergencia.
Si articular y lograr consensos con la oposición en el Congreso para sacar adelante las facultades ya fue una tarea complicada y desgastante en lo político, coordinar con autoridades recién electas para que las medidas den resultados representará otro nivel de complejidad. El gobierno abre así un nuevo capítulo donde el reparto de actores será nuevamente puesto a prueba.
