La Defensoría del Pueblo publicó el Reporte de Conflictos Sociales 271, el cual da cuenta de ocho nuevas controversias en el último mes y 193 casos acumulados a nivel nacional.
Detallaó que 144 conflictos se mantienen activos y 49 tienen la condición de latentes.
De los ocho nuevos casos, dos fueron reportados en Cajamarca, donde la población de Jaén exigió a Electro Oriente garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica frente a los constantes cortes e interrupciones; además, en la provincia de San Ignacio las rondas campesinas y organizaciones sociales rechazaron las actividades de exploración minera en el sector Huaquillas.
Lima Metropolitana también reportó dos nuevos conflictos, uno de los cuales estuvo vinculado a la toma de la sede de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); así como el desalojo de más de 400 familias en Carabayllo.
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Los otros nuevos conflictos sociales se reportaron en Áncash, referido a la protesta por el corte de agua programado por el Proyecto Especial Chinecas; en San Martín, sobre la controversia de los límites territoriales entre la comunidad nativa Kichwa Anak Kurutuyacu y el centro poblado Unión Corontoyacu: y en Tacna, donde la comunidad campesina de Maure reiteró su rechazo frente al traslado de nuevos internos al penal de Challapalca.
Asimismo, se registró un nuevo caso de alcance multirregional referido al pedido de ampliación del Plan especial multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, cuyo plazo debe culminar en diciembre próximo.
Hay 144 conflictos sociales activos
Del total de conflictos sociales activos (144) reportados al cierre de septiembre, 59 se mantienen en proceso de diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo. Además, 50 se encuentran en fase de están en desescalamiento y 38, en fase de acuerdos. Con relación a la distribución territorial, Puno continúa concentrando la mayor cantidad de conflictos sociales que se desarrollan en un solo departamento (20 casos), seguido de Loreto (18 casos), Áncash (17), Piura (14) y Cusco (13).
Conflictos socioambientales
En cuanto a la tipología, los conflictos socioambientales continúan siendo los más numerosos, con 91 casos. Dentro de este grupo, aquellos vinculados a la actividad minera representan el 65.9 %.
De otro lado, en el marco de su labor de mediación, la Defensoría del Pueblo condujo doce procesos de mediación en ocho departamentos durante el último mes y realiza el seguimiento de 24 acuerdos en 15 regiones, destacando el caso de la Asociación de Vivienda Miramar I y II y la Municipalidad Provincial de Camaná, en el que se verificó el cumplimiento de la totalidad de los acuerdos del acta.
Asimismo, en el marco de su labor de articulación territorial, la Defensoría del Pueblo convocó y lideró 51 espacios de coordinación interinstitucional para la prevención y seguimiento de conflictos sociales en los que las instituciones informaron sobre sus actuaciones y se hizo seguimiento conjunto a las alertas.
Acciones colectivas de protesta
En septiembre se registraron 151 acciones colectivas de protesta, principalmente plantones y concentraciones y la Defensoría del Pueblo registró 63 alertas defensoriales.
Al cierre del reporte, se emitió ocho alertas de atención prioritaria correspondientes a los nuevos conflictos, cuyo conocimiento anticipado puede permitir el manejo pacífico de los mismos.
