El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento nacional de combustibles por un periodo de hasta ocho meses por riesgo vinculados al fenomeno El Niño. La medida fue formalizada a través de la Resolución Ministerial N° 490-2026-MINEM/DM, emitida el 13 de noviembre y publicada a las hoy en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
El dispositivo legal dispuso que el régimen excepcional abarcará de forma integral a toda la cadena del subsector energético en el territorio nacional. La norma incluyó bajo su ámbito de aplicación las etapas de procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización tanto de combustibles líquidos como de gas licuado de petróleo.
El Poder Ejecutivo fundamentó la decisión en la existencia de un alto riesgo estructural y sistémico provocado por eventos climáticos anómalos derivados del Fenómeno El Niño. Las autoridades del sector consideraron los reportes técnicos de los organismos especializados emitidos el 30 de octubre, los cuales alertaron sobre precipitaciones pluviales intensas, inundaciones y deslizamientos que amenazaban la infraestructura de hidrocarburos y las rutas de transporte.
El informe de la Dirección General de Hidrocarburos citado por la resolución sustenta que el 67% de la matriz energética del país depende del suministro de recursos hidrocarburíferos. El análisis técnico consigna la carencia de capacidad instalada para reemplazar de forma inmediata dichos insumos, en un escenario donde el 84,3% del diésel se destina al transporte y el diésel B5 representa el 62,9% de las importaciones refinadas.
La resolución ministerial encomendó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) la aplicación de disposiciones técnicas de carácter transitorio. El ente regulador recibió la facultad legal para aprobar excepciones temporales al cumplimiento de los reglamentos vigentes de comercialización y seguridad en el subsector.
La intervención estatal busca resguardar la continuidad operativa de los servicios públicos esenciales y la movilidad logística de insumos en el mercado interno. La disposición oficial apunta a prevenir sobrecostos en el transporte y presiones inflacionarias que pudieran comprometer el equilibrio económico nacional durante el periodo de alerta climática.


