La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), retiró de circulación 557 vehículos informales durante los primeros meses de 2026, como resultado de 62 operativos conjuntos con diversas instituciones del Estado. Las intervenciones se realizaron en zonas y paraderos donde se concentra el transporte informal, con el objetivo de promover un servicio más seguro y ordenado.
Las acciones estuvieron a cargo del Comité de Fiscalización, que reúne a organismos nacionales y gobiernos locales para intervenir ante distintas actividades vinculadas con la inseguridad ciudadana. Entre los hallazgos reportados por la ATU figuran conductores que prestaban servicio sin licencia, unidades que circulaban sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y vehículos antiguos que fueron retirados por las condiciones que presentaban para operar.
ATU detectó a 292 conductores sin licencia y retiró 80 vehículos con más de 30 años
De acuerdo con el balance de la ATU, durante los operativos se identificó a 292 conductores que no contaban con licencia de conducir. Además, los fiscalizadores detectaron 56 vehículos que circulaban sin SOAT, seguro obligatorio destinado a cubrir la atención de las víctimas de accidentes de tránsito. Estas infracciones formaron parte de los motivos observados durante las intervenciones contra el transporte informal en Lima y Callao.
Otro de los resultados fue el retiro de 80 unidades con más de tres décadas de antigüedad, debido a las condiciones que presentaban para brindar el servicio. La entidad también informó que 240 de los vehículos intervenidos eran reincidentes y acumulaban multas cuyo monto conjunto superaba los S/13 millones. La cifra corresponde a sanciones pendientes asociadas a estas unidades, según el reporte difundido por la agencia Andina.
¿Qué entidades del Estado integran el Comité de Fiscalización en Lima y Callao?
El Comité de Fiscalización articula la participación de organismos públicos para realizar intervenciones y comunicar sus resultados al Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO). Entre las instituciones que participan figuran la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, la Sutran, la ATU y los municipios distritales. El grupo de trabajo es presidido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP.
La composición del comité incluye también a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Migraciones, Osiptel, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Sucamec y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Asimismo, contempla la participación de gobiernos regionales y municipalidades.
