Tras la diligencia, la SBS emitió un comunicado oficial en el que calificó de "desproporcionada" la orden judicial | Fuente: RPP
Luego de ocho horas de diligencias, culminó el operativo de allanamiento e incautación ejecutado por el Ministerio Público en las sedes institucionales de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), ubicada en el distrito de San Isidro, y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en Magdalena del Mar. La intervención contó con la participación de 24 fiscales y efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes desplegaron acciones simultáneas en 15 inmuebles. Las diligencias forman parte de una investigación seguida contra ocho personas por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. De acuerdo con la imputación fiscal, funcionarios de ambas entidades reguladoras habrían favorecido de manera irregular a las compañías Hermes y Prosegur con el propósito de que mantengan una posición dominante en el mercado de transporte de dinero y valores, obstaculizando el ingreso de una empresa competidora. Implicados en el casoSegún la resolución judicial, entre los investigados en la SBS figuran dos servidores públicos que ocupan los cargos de intendente y supervisor. Asimismo, el documento detalla que el pasado 13 de noviembre el Ministerio Público solicitó una orden de detención preliminar por siete días contra los implicados. Sin embargo, el juzgado a cargo declaró infundado dicho requerimiento y autorizó únicamente las medidas de allanamiento e incautación de documentación y equipos en ambas sedes estatales. Pronunciamiento de la SBSTras la diligencia, la SBS emitió un comunicado oficial en el que calificó de "desproporcionada" la orden judicial de allanamiento a su sede principal, señalando que no tenía pendiente remitir información alguna al Ministerio Público y que atendió todos los requerimientos desde el inicio de las pesquisas. La entidad precisó que recién el jueves 19 de noviembre tomó conocimiento de la inclusión de dos de sus funcionarios en la investigación fiscal, quienes —según indicó— vienen colaborando conforme a ley.Asimismo, rechazó la "continua filtración de información reservada" sobre el caso al advertir que afecta la integridad e imparcialidad del proceso, y reafirmó que ha actuado en estricto cumplimiento de sus funciones y del marco legal vigente.