Una actuación judicial articulada permitió garantizar el acceso a la justicia de una adulta mayor con discapacidad auditiva, que además no sabe leer y no contaba con una red familiar de apoyo. La mujer denunció hechos de violencia psicológica y económica-patrimonial. Ante esta situación de vulnerabilidad, el Segundo Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia Familiar de la Corte del Santa, a cargo de la jueza Pamela Tello Casana, dispuso una intervención diferenciada.
La atención judicial se trasladó hasta el domicilio de la agraviada, con el objetivo de superar las barreras de comunicación y desplazamiento. En un solo acto se realizaron las evaluaciones psicológica y social, la audiencia, la emisión y consentimiento de las medidas de protección, así como su notificación y ejecución inmediata. En esta intervención participó la intérprete de lengua de señas Jazmín Gonzáles Solís, quien facilitó la comunicación con la víctima.
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También participaron la psicóloga Janet Valderrama, del equipo multidisciplinario, y la trabajadora social Katty Ríos Holguín, del CEM de Chimbote. Asimismo, estuvieron presentes la fiscal Marial Blanco Salas, los defensores públicos Carlos Marroquín Deza y Markell Ríos Pizarro, además de efectivos de la Policía Nacional. Las evaluaciones determinaron una grave afectación psicológica y una situación social calificada como severa.
Con estos elementos, el juzgado dictó de manera inmediata las medidas de protección correspondientes. Se dispuso el cese de todo acto de agresión verbal y el respeto de las necesidades básicas de salud, alimentación y vivienda de la adulta mayor. También se ordenó terapia psicológica para ambas partes, patrullaje policial en el domicilio de la víctima y visitas inopinadas del equipo multidisciplinario del CEM.
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Ambas partes manifestaron su conformidad con la resolución, por lo que las medidas fueron declaradas consentidas y ejecutadas inmediatamente, con presencia policial. Esta intervención evidencia la importancia de una justicia que identifica y elimina las barreras que enfrentan las personas en situación de especial vulnerabilidad. La actuación coordinada permitió brindar una respuesta célere, accesible e inclusiva, garantizando la protección de la adulta mayor.