La iniciativa, implementada en el Juzgado de Violencia de Virú y liderada por la jueza Tania Carolina Bocanegra Risco, obtuvo el primer lugar nacional por su enfoque integral de protección a personas en situación de vulnerabilidad múltiple.
La Corte Superior de Justicia de La Libertad obtuvo el primer lugar en la categoría “Acceso a la Justicia” del Premio Nacional de Buenas Prácticas de Gestión Inclusiva “Inclusión y Discapacidad” 2026, otorgado por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), en reconocimiento a una iniciativa judicial que promueve la protección integral de los derechos de las personas con discapacidad y en condición de especial vulnerabilidad.
La buena práctica denominada “Medidas de Protección Integrales a Favor de Adolescente con Vulnerabilidad Múltiple” fue impulsada por la Dra. Tania Carolina Bocanegra Risco, jueza del Juzgado de Violencia de la provincia de Virú, y destacó por plantear una respuesta judicial que trasciende la emisión de medidas de protección tradicionales, priorizando una atención integral, oportuna y acorde con las necesidades particulares de la víctima.
PUEDES VER: El Porvenir: dictan internamiento preventivo a cuatro adolescentes | La Libertad | La República
Justicia inclusiva con enfoque de derechos humanos
La iniciativa reconocida pone de manifiesto la importancia de identificar y atender las diversas barreras que dificultan el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, especialmente cuando confluyen múltiples factores de vulnerabilidad.
En ese sentido, la intervención judicial incorporó los enfoques de género, interseccionalidad y derechos humanos, considerando las distintas circunstancias que pueden incrementar el riesgo de desprotección, como la condición de mujer y adolescente, la maternidad, el riesgo de deserción escolar, las dificultades de acceso a los servicios de salud y la situación de pobreza.
A través de este modelo de atención, el Juzgado de Violencia de Virú reafirma la importancia de adoptar decisiones judiciales integrales, orientadas a garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad y a brindar una respuesta efectiva frente a la violencia.
Este reconocimiento nacional destaca el impacto de las buenas prácticas judiciales que contribuyen a reducir las barreras de acceso a la justicia y promueven una atención más humana, inclusiva e igualitaria, en concordancia con el compromiso del Poder Judicial de brindar una tutela jurisdiccional efectiva, sin discriminación.
Reconocimiento al compromiso con una justicia de calidad
Durante la ceremonia oficial, se reconoció a la Corte Superior de Justicia de La Libertad como ganadora de esta categoría, tras un proceso de evaluación nacional que valoró los aportes y la relevancia de la práctica presentada.
Al recibir la distinción, la magistrada Tania Carolina Bocanegra Risco destacó el compromiso del equipo judicial con la protección de las personas que enfrentan múltiples situaciones de vulnerabilidad.
“Este reconocimiento es el fruto del esfuerzo de un equipo comprometido en hacer de la justicia un acto de profunda empatía e inclusión social. Proteger a una víctima de violencia en situación de vulnerabilidad múltiple desde Virú demuestra que, con convicción y compromiso, es posible derribar las barreras que alejan a los grupos más vulnerables del sistema de justicia”, expresó.
Una trayectoria de buenas prácticas judiciales
Este nuevo galardón se suma a otros reconocimientos obtenidos por el Juzgado de Violencia de Virú, entre ellos el Premio Nacional INNOVAJUST 2026, otorgado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Premio Nacional de Decisiones Judiciales con Enfoque de Género 2025, concedido por el Poder Judicial y la Universidad del Pacífico.
Estos logros destacan el trabajo desarrollado desde el distrito judicial de La Libertad para fortalecer una administración de justicia con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión social, y consolidan el compromiso institucional de impulsar prácticas que contribuyan a garantizar una justicia accesible, oportuna y efectiva para toda la ciudadanía.


