La presencia de grietas de hasta 40 centímetros de ancho y un metro de profundidad en el cerro Pucará, en el barrio La Florida, en Yauli, Huancavelica, representa un riesgo para las viviendas cercanas y la carretera Huancavelica–Yauli. Así lo advirtió la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad distrital, ante la proximidad de la temporada de lluvias intensas.
Según el Informe de Orientación de Oficio n.° 015-2026-2-1742-SOO, durante una inspección realizada el 22 de setiembre de 2026 en la denominada “Zona de riesgo n.° 4”, se detectaron grietas longitudinales, aberturas en la parte superior del terreno y laderas con pendientes superiores a 25 grados. También se identificaron depósitos de tierra, arena y fragmentos de roca poco estables, condiciones que podrían favorecer desprendimientos y deslizamientos.
El informe recoge evaluaciones técnicas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que clasifican el sector como zona de peligro geológico alto frente a movimientos en masa. Un eventual desplazamiento del terreno podría comprometer, además de las viviendas y la vía, los postes del tendido eléctrico.
La alerta cobra relevancia porque Yauli fue declarado en estado de emergencia mediante el Decreto Supremo n.° 124-2026-PCM, debido al peligro inminente ante precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. Las lluvias prolongadas podrían incrementar la saturación del suelo y agravar la inestabilidad del cerro.
La Contraloría advirtió que no se habría evidenciado que la Municipalidad Distrital de Yauli adoptara o impulsara oportunamente medidas de prevención y reducción del riesgo, pese a las condiciones identificadas y a los instrumentos de gestión disponibles.
Entre las recomendaciones técnicas figuran restringir nuevas construcciones en las faldas del cerro, evaluar la reubicación de infraestructura expuesta y revisar la estabilidad del talud. La entidad de control solicitó a la municipalidad informar sobre las acciones adoptadas y por implementar en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la comunicación del informe al OCI.
La ejecución oportuna de estas medidas resulta fundamental para reducir la exposición de la población y proteger la infraestructura ante posibles deslizamientos.
