La obra todavía no cumplía un año de recibida y ya mostraba “heridas”. En la obra de “Mejoramiento del servicio académico” de Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura (UNP), las fisuras, la humedad y el óxido dibujaban un deterioro prematuro. La Contraloría advirtió que esas deficiencias generan riesgos para la calidad, operatividad, durabilidad y seguridad de una infraestructura en funcionamiento. Todo esto fue revelado en el Informe de Control Concurrente N.° 011-2026-OCI/0203-SCC.
LAS DEFICIENCIAS. El 17 de octubre de 2025, la UNP había recibido formalmente la segunda etapa de la obra, tras verificar el levantamiento de observaciones. El contrato inicial, suscrito con Marco Antonio Silva Rodríguez, ascendía a S/5.673.492,99. Casi once meses después, el 14 de septiembre de 2026, una inspección del órgano de control documentó las deficiencias de la infraestructura.
En las bases de las columnas metálicas que sostienen el techo del estacionamiento, el escudo de pintura y anticorrosivo se desprendía y el óxido asomaba en algunas zonas. El deterioro también alcanzaba pernos, tuercas y arandelas. Según el informe, si la corrosión avanza, podría afectar la capacidad resistente de esa estructura y comprometer su vida útil.
Las cicatrices se repetían en el tarrajeo de las paredes interiores. Los auditores registraron fisuras verticales en laboratorios de cómputo, oficinas, sala de docentes, aula de posgrado, sala de reuniones y decanato. Esas aberturas podrían provocar desprendimientos del acabado y favorecer la aparición de humedad, advierte Contraloría.
El deterioro tenía otras caras. La pintura se desprendía en escaleras y pasadizos, donde se registraron manchas de humedad. Las veredas y pisos de concreto presentaban fisuras, y una viga del almacén mostraba un fisuramiento vertical. Una ventana estaba desalineada, había contrazócalos desprendidos y, en un laboratorio, las tapas de los tomacorrientes de piso dificultaban el acceso a los puntos eléctricos.
Para el órgano de control, estas señales no habían sido advertidas oportunamente por los funcionarios responsables del seguimiento de la obra. La recepción no cerraba la puerta a los reclamos: los contratos de ejecución y supervisión contemplan siete años de responsabilidad por defectos o vicios ocultos.
Dos días después, el 16 de septiembre, otra visita encontró una escena distinta en el almacén del pabellón B: tres impresoras multifuncionales Toshiba permanecían dentro de sus cajas. Habían sido adquiridas por S/70.116, pero seguían sin instalar y la universidad no había comprobado su funcionamiento. La inversión todavía no se traducía en servicio.
La compra al proveedor Sony Luis Ramírez Herrera exigía una garantía de fábrica de 36 meses, con atención en el lugar de instalación. Sin embargo, la documentación contenía una carta de garantía del proveedor que, según Contraloría, no cumplía ese requisito. Los equipos fueron recibidos y obtuvieron la conformidad sin que se verificaran todas las condiciones exigidas.
Al rector encargado, Adolfo Zeta Vite, se le solicitó comunicar al OCI las medidas preventivas o correctivas adoptadas o previstas, con su sustento.
