La provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, enfrenta una grave crisis por conflictos territoriales y el avance de la minería ilegal. Recientemente, pobladores de Yuyapichis denunciaron que presuntos mineros armados ingresaron de forma violenta a terrenos agrícolas, incendiando viviendas y amenazando a las familias para obligarlas a abandonar la zona.
Ante este alarmante escenario, la Defensoría del Pueblo inauguró un módulo defensorial en Puerto Inca para defender los derechos de las comunidades nativas. Según Marco Durand Roca, jefe de la institución en Huánuco, los pueblos indígenas sufren el repliegue forzado de sus tierras y el constante asesinato de sus dirigentes a manos de colonos.
SERVICIOS
Además de combatir la violencia y vigilar las acciones contra las dragas de minería ilegal, la nueva sede fiscalizará la limitada llegada de servicios esenciales como salud, educación y transporte. Durand enfatizó que frenar estos atropellos requerirá un trabajo articulado con la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Por otro lado, la institución confirmó que, debido a restricciones presupuestales, reducirá a la mitad su despliegue para las próximas elecciones regionales y municipales, movilizando entre 500 y 600 supervisores y promotores voluntarios. Para garantizar la total imparcialidad del proceso, se exigirá que los fiscalizadores no tengan afiliación política.