El acuerdo petrolero alcanzado entre Venezuela y Estados Unidos amenaza con alterar el esquema de alianzas e intereses que durante años permitió a China y Rusia mantener una presencia estratégica en el país caribeño, además de consolidarse como aliados clave del chavismo y socios económicos. Ahora Washington ha conseguido una posición privilegiada sobre importantes campos petroleros, varios de los cuales habían sido operados por esos países, mientras Caracas asegura que sus compromisos con empresas chinas y rusas no serán desconocidos.
La empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que cuenta con el aval de Estados Unidos, obtendrá los derechos sobre 17 campos petroleros y unos 65.000 millones de barriles de petróleo de reservas. Washington asegura que el acuerdo es por 100 años, mientras que Caracas habla de 25 años.
La semana pasada, la Casa Blanca aseguró que la mayoría de los campos contemplados en el acuerdo “estaban previamente controlados u operados por empresas rusas y chinas, o por compinches corruptos de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez”.
Agregó que “estos actores extranjeros malintencionados saquearon los recursos de Venezuela en beneficio de adversarios estadounidenses como Cuba, Rusia y China, y no invirtieron en la infraestructura ni en el desarrollo”.
Según la agencia Reuters, varios de esos campos habían sido operados por empresas chinas como China Concord Resources, Sinopec y CNPC, además de una empresa de Rusia.
Otro reporte de Reuters señaló que los campos seleccionados estaban en el cinturón del Orinoco y en la cuenca del lago de Maracaibo.
Hasta ahora, ni Venezuela ni Estados Unidos han publicado un desglose oficial de los 17 campos que permita determinar qué empresa operaba cada uno.
El domingo, la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, se refirió al tema y aseguró al canal privado Venevisión que su país es respetuoso de los acuerdos petroleros suscritos con China y Rusia.
“Nosotros tenemos acuerdos con China y Rusia y son empresas mixtas con autorización de ejercicio de actividades primarias vigentes. Nosotros somos muy respetuosos de esos acuerdos”, sostuvo Henao.
A la ministra se le preguntó si China y Rusia quedaban fuera del negocio petrolero venezolano tras el acuerdo con Donald Trump, y respondió que las empresas mixtas donde esos dos países tienen participación “continuarán ejecutando sus actividades”.
El martes de la semana pasada, China exigió a Caracas que salvaguarde sus intereses en Venezuela.
Según Guo Jiakun, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China, la cooperación entre su país y Venezuela “está protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países”.
En la misma entrevista, la ministra Henao también sostuvo que Venezuela mantiene “el control y la propiedad” de su petróleo.
Fue en respuesta a lo que dijo Trump el 28 de agosto, cuando mencionó que el acuerdo asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”. Dos días después, el magnate manifestó que se trata de “un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos”.
Pero Henao insistió en que es “un acuerdo comercial” y que el “regalo que el pueblo venezolano ofrece al pueblo estadounidense es la garantía de un suministro confiable de esa energía”.
Para el politólogo venezolano José Vicente Carrasquero, el nuevo escenario supone un desplazamiento de China, Rusia y otros aliados y un aumento considerable de la influencia de Washington sobre el sector energético de Venezuela.
Carrasquero considera que la afirmación de la ministra Henao, de que los acuerdos petroleros con China y Rusia continuarán vigentes, responde más a una necesidad política que a la realidad que se está configurando. “Trata de mantener un discurso hacia adentro que no se ajusta a la realidad”, sostiene. Agrega que el chavismo apela a esa narrativa como consecuencia de “ese discurso antiimperialista de mucho tiempo que ahora los encuentra postrados a los pies de Estados Unidos”.
“Algunos de esos campos que están entregando estaban en manos de Rusia y China. Seguramente no estaban muy operativos, pero los manejaban”, señala.
Para el politólogo, el cambio debe entenderse dentro de una estrategia estadounidense más amplia para reducir la presencia de sus rivales geopolíticos en América Latina.
“Trump lo ha dicho abiertamente: ni Rusia, ni China, ni Irán, ni Cuba”, afirma Carrasquero, quien considera que Washington está recuperando una posición de predominio en lo que históricamente ha considerado su “patio trasero”.
Carrasquero explica que la relación petrolera de Venezuela con China tuvo fundamentalmente un componente financiero: Beijing adelantó recursos a Caracas que estaban destinados, entre otras cosas, a la adquisición de bienes chinos, mientras Venezuela debía devolver ese financiamiento de manera progresiva. Para ello se sumó la participación de empresas chinas en proyectos asociados con PDVSA, con el fin de formar compañías mixtas de explotación de petróleo.
La deuda de Venezuela con China se originó durante el gobierno de Hugo Chávez, cuando Caracas recurrió a grandes préstamos de bancos estatales chinos, principalmente mediante acuerdos respaldados por petróleo. Según AidData, Venezuela acumuló 105.590 millones de dólares en deuda a China entre 2000 y 2018, de los cuales 95.000 millones se estructuraron bajo la modalidad de petróleo por créditos. Actualmente, las estimaciones sitúan la deuda pendiente en US$10.000 millones o US$15.000 millones
En el caso de Rusia, también existieron participaciones en empresas vinculadas a la estatal venezolana.
En el 2017 Venezuela reestructuró una deuda de unos US$3.100 millones con Rusia. Moscú y la compañía estatal Rosneft llegaron a proporcionar al menos US$17.000 millones en préstamos y líneas de crédito a Caracas desde el 2006.
Ahora, el analista cree que la nueva estructura impulsada por Washington puede reducir significativamente el peso de ambos países en el sector.
La pregunta central que se hace Carrasquero no es únicamente si Venezuela mantendrá formalmente vigentes sus acuerdos con China y Rusia, sino cuánto espacio real tendrán esas empresas para operar y producir petróleo bajo el nuevo esquema impulsado por Trump.
Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es la propiedad de las reservas. Carrasquero introduce una distinción entre ser dueño del recurso y tener capacidad efectiva para decidir sobre su explotación.
Recuerda que el pacto tiene una duración de 100 años, con revisiones cada 25 años. Por ello, considera que presentarlo únicamente como un acuerdo de 25 años, como lo hacen la presidenta interina Delcy Rodríguez y sus ministros, puede generar una interpretación equivocada.
“El pacto original son 100 años”, afirma Carrasquero. Agrega que la duración recuerda a las concesiones petroleras de comienzos del siglo XX, aunque con una diferencia fundamental: “Ahora hay concesiones más un control político sobre el país”.
Para Carrasquero, decir que Estados Unidos se está quedando con el petróleo venezolano sería una exageración, porque el crudo debe ser pagado. “No nos están quitando el petróleo. Es un petróleo que va a ser pagado. ¿Dónde nos están quitando el asunto? En el control”, sostiene.
Remarca que esa es la principal consecuencia del acuerdo: si bien Venezuela conserva jurídicamente la propiedad de sus reservas, Estados Unidos asumiría el control de la explotación de una parte sustancial de ellas.
Ante la posibilidad de que un futuro gobierno democrático surgido de elecciones intente revisar o renegociar el acuerdo, Carrasquero se muestra escéptico. Explica que Estados Unidos ha construido el acuerdo desde su propia perspectiva jurídica y partiendo del reconocimiento de Delcy Rodríguez como autoridad con capacidad para negociar.
Indica que Washington está procurando blindar jurídicamente los compromisos alcanzados y garantizar el acceso de sus empresas al petróleo venezolano durante un período extraordinariamente prolongado.