*Excanciller de la República del Perú y presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional
Al conmemorarse ciento trece años de la creación de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI), resulta oportuno evocar sus orígenes, convencido de que volver sobre ellos es también una manera de reafirmar la vocación jurídica que ha guiado al Perú a lo largo de su vida republicana.
Nuestra institución nació al amparo del Instituto Americano de Derecho Internacional, concebido en 1912 por James Brown Scott. Su constitución fue promovida en Lima por Robert Bacon, representante de la Fundación Carnegie, junto al doctor Juan Bautista de Lavalle. A esa convocatoria acudieron Javier Prado y Ugarteche, Ramón Ribeyro, Víctor Andrés Belaunde y Aníbal Maúrtua, entre otras destacadas personalidades del pensamiento nacional, cuyos nombres quedaron consignados en el documento suscrito el 10 de noviembre de 1913. Dos años más tarde, bajo la presidencia de Ribeyro, la Sociedad quedó formalmente instalada.
Fiel a su vocación, la corporación recibió importantes reconocimientos del Estado. En 1941 se autorizó la edición de la Revista Peruana de Derecho Internacional y, en 1979, se le otorgó reconocimiento oficial. Guardo de aquel año un recuerdo entrañable, pues, como asistente, me correspondió acompañar al embajador Luis Alvarado Garrido en las gestiones ante el canciller Carlos García Bedoya que permitieron dotar a la Sociedad, tras más de seis décadas, de una sede en el Centro Histórico de Lima.
Los vínculos con la Cancillería tienen hondas raíces. Basta recordar, entre muchos otros, a Alberto Ulloa Sotomayor, quien presidió esta institución durante treinta y tres años y fue el primer director de la Academia Diplomática, o a José Luis Bustamante y Rivero, miembro honorario, quien proclamó en 1947 la soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas y alcanzó, en 1967, la presidencia de la Corte Internacional de Justicia.
En los últimos años, la Sociedad ha trascendido sus propios claustros para convertirse en un foro abierto al país y a la región. Su revista suma hoy 183 números, de los cuales los primeros 69 han sido reconocidos como Patrimonio Cultural de la Nación. El Curso de Derecho Internacional, que celebró su octava edición con el auspicio de la Universidad Tecnológica del Perú, reunió a 120 participantes de siete países, cifra que casi quintuplica la registrada en sus inicios, en 2019. A ello se suman más de treinta Encuentros SPDI realizados desde 2024, con la participación de noventa expertos y alrededor de ochocientos asistentes anuales.
En mayo, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya acogió el III Congreso Peruano de Derecho Internacional, al que se presentaron 97 investigaciones, de las cuales se seleccionaron 43, y que alcanzó los 550 inscritos. En ese marco, se suscribió la Declaración Latinoamericana sobre Inteligencia Artificial, Humanidad y Responsabilidad Internacional de los Estados, junto con cuatro asociaciones académicas de Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador.
El próximo año, Lima será sede del IV Congreso y del I Encuentro Latinoamericano de Sociedades de Derecho Internacional. Asimismo, nuestra institución asumirá la administración de las rondas nacionales del Concurso Jessup, la mayor competencia mundial de litigación en esta especialidad.
Este esfuerzo adquiere hoy especial relevancia porque el orden internacional atraviesa una hora sombría. El multilateralismo ve erosionada su legitimidad y el uso de la fuerza reaparece como instrumento de política exterior, mientras las disputas entre las grandes potencias paralizan los foros concebidos para resolverlas. Ante semejante escenario, la primacía del derecho sobre la fuerza, principio que congregó a los precursores de 1913, se ha convertido en un imperativo para naciones como la nuestra en el ejercicio de su política exterior.
De allí que corresponda a esta institución centenaria, que tengo el alto honor de presidir, continuar, con el mismo rigor de quienes la fundaron, la tarea de acompañar al Estado en las decisiones que comprometen los intereses de nuestra nación, como la pronta ratificación del Tratado de Alta Mar.
A ciento trece años de su creación, la convicción que reunió a aquellos ilustres juristas permanece incólume. Un país que ha confiado su integridad territorial al imperio de la ley no puede prescindir de quienes estudian y defienden el derecho internacional con rigor. En esa certeza reside, desde su nacimiento, la razón de ser de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional.


