El ministro de Comunicaciones de Paraguay y el canciller de Belice acaban de ser sancionados por China a causa de sus vínculos con Taiwán. La superpotencia asiática argumentó que las medidas contra el paraguayo Gustavo Villate y el beliceño Francis Fonseca son una “advertencia” y que la acción tiene como objetivo defender la “soberanía nacional”.
Las sanciones contra Villate y Fonseca suponen el congelamiento de los activos que puedan tener dentro de China, la denegación de visado y la prohibición de que empresas chinas mantengan relaciones comerciales con ambos funcionarios, lo que también incluye a las entidades en las que estos últimos tengan afiliación directa.
“Ciertos políticos en Paraguay y Belice se han prestado voluntariamente a servir como peones de las autoridades taiwanesas en su intento de buscar la independencia mediante apoyo externo”, indicó Mao Ning, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.
Paraguay y Belice son dos de los 12 países que mantienen relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. En la región latinoamericana y el Caribe, además de estos dos estados, Haití, Guatemala, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas son las naciones que reconocen al Estado taiwanés.
Paraguay es un caso históricamente llamativo dentro de la región, debido a que su relación diplomática con la isla asiática se ha prolongado por cerca de siete décadas.
Dentro de ese marco de cooperación, la embajada taiwanesa en Asunción había anunciado a inicios de este año que proyectaba que las exportaciones paraguayas con destino a su territorio alcanzaran los 400 millones de dólares en este 2026, lo cual supondría un crecimiento del 900% en menos de 10 años.
El ministro Villate había mencionado este domingo 11 que enviaba un saludo “al pueblo y al Gobierno de la República de China”, en alusión al nombre formal de Taiwán, declaraciones que despertaron el enfado de Beijing.
La cólera del gigante de Asia
Las sanciones actuales se enmarcan en el reclamo de soberanía sobre la isla, que ha permanecido separada de facto del territorio continental desde el fin de la Guerra Civil China. El conflicto culminó con la victoria del Partido Comunista sobre los nacionalistas, quienes se refugiaron en Taiwán para establecer una estructura estatal paralela.
Beijing considera a Taiwán una provincia separatista rebelde y asevera que sigue siendo parte integral de su territorio bajo la doctrina de “una sola China”, exigiendo como condición para establecer relaciones formales con otros países la ruptura de vínculos formales con Taipéi. El gobierno chino, con Xi Jinping a la cabeza, nunca ha descartado recurrir incluso a la vía militar para recuperar el control fáctico de la isla.
En tal escenario, el celo de China alrededor del territorio insular se ha manifestado en castigos similares a los que se impusieron a las autoridades de Belice y Paraguay cuando detecta lo que consideran “amenazas a su integridad territorial y soberanía”.
Como en el caso más reciente, la mayor parte de estas acciones punitivas son consideradas esencialmente simbólicas porque incluyen sanciones dentro de la jurisdicción china, donde los involucrados tienen pocos o ningún activo; no obstante, en algunos casos estas respuestas pueden ir más allá al tener repercusión geopolítica a una escala relevante.
Uno de estos casos fue la sanción de China contra la política estadounidense Nancy Pelosi en agosto del 2022.
Pelosi era, por entonces, presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. y llevó a cabo un viaje oficial a Taipéi, siendo la funcionaria de más alto rango de Washington en visitar la isla en 25 años. El evento formaba parte de una gira de la congresista por Asia.
El gobierno chino anunció represalias no especificadas contra la parlamentaria norteamericana y su familia directa, considerando que su llegada a Taiwán erosionaba su justo reclamo de soberanía sobre la isla.
El incidente llevó a que Beijing suspendiera conversaciones de cooperación con EE.UU. sobre problemáticas como la lucha contra el narcotráfico, el cambio climático, gestión migratoria y cooperación militar. Durante esa semana también se extendieron ensayos bélicos de China en las inmediaciones del estrecho de Taiwán.
Un año más tarde, las autoridades chinas tomaron medidas similares contra Michael McCaul, otro miembro de la Cámara de Representantes estadounidense, quien había presidido una delegación parlamentaria que llegó a la isla. Otros políticos de EE.UU. como Mike Pompeo o Peter Navarro también fueron objeto de respuestas de este tipo.
La réplica diplomática de China al acercamiento con Taiwán también ha tenido entre sus objetivos a altos funcionarios europeos.
Beijing impuso en el 2020 sanciones a Miloš Vystrčil, presidente del Senado de la República Checa, por una visita oficial a la isla y limitó operaciones comerciales como la venta de pianos checos en su territorio. Otros países como Eslovaquia o Polonia también encontraron la furibunda respuesta china ante visitas de parlamentarios a Taiwán.
Lituania es visto como un ejemplo emblemático de las represalias de China ante cualquier atisbo de reconocimiento a Taiwán por la escala de las medidas que emprendió contra el estado báltico hace algunos años.
En noviembre del 2021, el gobierno lituano se convirtió en el primero de Europa en admitir un despacho taiwanés en su capital, lo cual era en la práctica una embajada de facto.
El gigante asiático reaccionó de forma sumamente negativa al título de “Oficina de Representación de Taiwán” establecido por Lituania en lugar de emplear el término “Taipéi”, único término que considera admisible y que se emplea en más de 70 países que cuentan con agencias taiwanesas de este tipo.
Aunque el rechazo diplomático de la potencia oriental fue el habitual desde el terreno discursivo, Beijing decidió ir mucho más allá imponiendo restricciones a todas las importaciones procedentes del país báltico y limitando sus propias exportaciones hacia este.
Las medidas de China traspasaron el ámbito de influencia estrictamente lituano, pues ampliaron el veto a todos los productos europeos, sobre todo de la industria automotriz, que incluyeran componentes procedentes de la nación báltica.
Un mes más tarde, la Comisión Europea dio cuenta de reportes de las autoridades chinas que señalaban que las exportaciones de Lituania al país asiático habían descendido en un 91%. Las autoridades lituanas consideraron que esto no tendría un impacto tan grande sobre la economía en el corto plazo, pero admitieron que las importaciones procedentes de China sí planteaban complicaciones productivas.
A causa de esto, la Unión Europea (UE) presentó una demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en enero del 2022 acusando a China de prácticas comerciales ilícitas, aunque terminaría suspendiendo su reclamo dos años más tarde.
El desencuentro fue diluyéndose progresivamente en el periodo siguiente hasta llegar a una relativa normalización de las relaciones aduaneras entre Lituania y China, lo que no impidió que la UE introdujera en el 2023 su “Instrumento Anticoerción” como recurso institucional para dar respuestas a problemáticas como la suscitada entre Vilna y Beijing.
Pese a ello, las autoridades lituanas han admitido en más de una ocasión que la apertura de la oficina de representación taiwanesa en Vilna fue un error.
La primera ministra del país del este de Europa, Inga Ruginiene, declaró en febrero de este año que aquella decisión supuso un “enorme error” y que el mundo “no supo apreciar” la decisión arriesgada de su nación, asegurando que Lituania debía poner por delante sus propios intereses.
China recibió de buen grado estos comentarios, asegurando que está dispuesta a seguir en contacto para que “Lituania pueda traducir su voluntad de mejorar los lazos bilaterales y corregir sus errores lo antes posible”.
EE. UU. y sus propios castigos en Sudamérica
A lo largo del tiempo reciente, Sudamérica ha sido vista como otro campo de la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China, con los norteamericanos buscando frenar la influencia que su rival asiático ganó en la región a lo largo del presente siglo.
En febrero pasado el Departamento de Estado de EE.UU. anunció la revocatoria de visas a varios altos cargos de Chile que incluían al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya.
Washington justificó su decisión en que los funcionarios estaban involucrados en planes “de infraestructura crítica” junto a China. El proyecto en cuestión era un cable submarino de fibra óptica de alta velocidad que conectaría el territorio chileno con Hong Kong.
La iniciativa iba a tener una inversión estimada de 500 millones de dólares y estaría a cargo de un consorcio de firmas estatales chinas integrado por China Mobile, HMN Technologies y Hengtong Optic-Electric.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., afirmó que las autoridades chilenas sancionadas “llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en su hemisferio”.
La creación del cable submarino, denominado “Chile–China Express” fue suspendida en medio de la presión estadounidense, aunque el gobierno chileno aseguró que fue por motivos técnicos y de revisión del expediente.
La gestión de José Antonio Kast sostiene que el proyecto no ha sido cancelado y que viene siendo sometido a trámites de revisión, lo que contrasta con los dichos del embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, quien ha asegurado que el proyecto ha llegado a su fin.
Bolivia es otro país que ha sabido de la respuesta de Washington ante la participación china, pues la administración de Donald Trump no vio con buenos ojos los acuerdos entre el gobierno altiplánico y el consorcio chino CBC para la implementación de tecnología de extracción de litio.
Desde la Asamblea Legislativa de Bolivia ya se habían dado pasos para anular convenios relacionados al litio con firmas rusas y chinas en mayo del año pasado, medida a la que se sumaron suspensiones judiciales.
Más recientemente, Washington emprendió penalizaciones como el veto migratorio a personalidades como el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne o los fiscales Roger Mariaca y Alberto Zeballos. Según señaló a fines de septiembre el Departamento de Estado, más de una veintena de funcionarios bolivianos fueron sancionados al ser acusados por Washington de “corrupción” y de aceptar sobornos de narcotraficantes.
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