Desde las 5:30 a.m. del viernes 20 de noviembre, un equipo del Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutó un operativo de allanamiento y descerraje en 15 inmuebles vinculados a la investigación denominada “Los Herméticos del Caudal”. Entre los lugares intervenidos estuvieron oficinas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), una sede de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), locales de empresas de transporte de valores y domicilios particulares de personas investigadas.
La diligencia, que contó con la participación de 24 fiscales, forma parte de las pesquisas por el presunto delito de negociación incompatible. Según la hipótesis fiscal, funcionarios públicos habrían favorecido a empresas privadas para mantener condiciones de exclusividad en el mercado de transporte de caudales y dificultar el ingreso de nuevos competidores.
La investigación apunta a una presunta organización criminal denominada “Los Herméticos del Caudal”, que habría coordinado acciones desde 2017. De acuerdo con la disposición judicial que autorizó las diligencias, el pedido de allanamiento con fines de detención e incautación comprendió inmuebles vinculados a la SBS, Sucamec, Hermes Transportes Blindados, Compañía de Seguridad Prosegur, la Asociación de Seguridad Privada del Perú (ASEPRI-Perú) y Cincuentamasuno Grupo de Análisis Político.
En particular, la medida alcanzó la sede de la SBS ubicada en la calle Los Laureles, en San Isidro, donde intervinieron oficinas de los funcionarios investigados, y la Dirección de Seguridad Privada de Sucamec, en el jirón Contralmirante Montero, en Magdalena. También se incluyeron cuatro locales de empresas de transporte de valores y ocho domicilios particulares.
La investigación está a cargo del fiscal Pedro Jackson Ignacio Delgado, bajo la conducción del fiscal provincial Néstor Rivera Navarro, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Al cierre de esta nota, las autoridades no habían comunicado un balance definitivo sobre los resultados de las diligencias.
Respuesta de la SBS y la defensa de los funcionarios
Tras el operativo, Carlos Cueva, superintendente adjunto de Regulación Jurídica de la SBS, señaló que la institución ha entregado información a la Fiscalía desde hace varios meses y que continuará colaborando con las autoridades. También precisó que la investigación comprende a dos funcionarios de la entidad, quienes fueron notificados recién el jueves 19 de noviembre.
“Nosotros estamos convencidos de que la superintendencia y nuestros funcionarios han actuado siempre con responsabilidad y sin cometer ningún hecho ilícito. Pero, como somos respetuosos de las instituciones y de las leyes, vamos a entregar la información que la Fiscalía nos está requiriendo”, sostuvo.
Cueva indicó que la investigación tiene carácter reservado y evitó pronunciarse sobre las calificaciones delictivas que se evalúan. Asimismo, aseguró que la diligencia no afectará las operaciones de la entidad y que los funcionarios investigados podrán continuar trabajando mientras no exista una disposición fiscal o judicial que limite sus labores.
La posición institucional fue más crítica en el comunicado difundido por la SBS. La entidad afirmó que había atendido ampliamente los requerimientos de información y que no tenía documentación pendiente de remitir. Por ello, consideró “desproporcionada” la orden judicial de allanamiento de su sede principal. También rechazó la filtración de información reservada, al considerar que puede afectar la integridad y la imparcialidad de la investigación.
En la misma línea, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, calificó la diligencia como “un poco desproporcionada” y recordó que la institución ya había entregado información a la Fiscalía en una intervención anterior. El funcionario descartó que la SBS haya favorecido a las empresas de transporte de valores y sostuvo que estas son proveedoras de los bancos.
Por su parte, Joseph Campos, abogado de los funcionarios investigados, afirmó que el Ministerio Público no habría encontrado elementos relevantes que involucren a la institución. Según explicó, la diligencia se desarrolló con la colaboración de la SBS y dentro de los límites que establece la ley.
Campos también cuestionó la competencia de la Fiscalía para investigar las actuaciones de los altos funcionarios de la SBS. “Si quiere investigarse la producción de los superintendentes, tienen que hacerlo a través del fiscal de la Nación”, señaló.
Con esta afirmación, el abogado sostuvo que, a su juicio, las actuaciones de sus patrocinados debían evaluarse considerando el procedimiento y las competencias que corresponden a las autoridades de mayor jerarquía. Añadió que sus defendidos participaron en la elaboración de un documento firmado por un superintendente adjunto y que actuaron dentro de sus atribuciones.
El abogado también descartó que exista una concertación para favorecer a empresas privadas y consideró que la investigación parte de una interpretación equivocada de las actuaciones de sus defendidos. Añadió que los funcionarios continuarán ejerciendo sus labores mientras no exista una medida que lo impida.
Respuesta de Prosegur y Hermes
Una de las empresas mencionadas en la investigación es Prosegur. Consultada sobre el caso señaló al Decano que mantiene una política de cumplimiento normativo y que está dispuesta a atender los requerimientos de las autoridades.
“Prosegur Cash tiene un compromiso global con el cumplimiento de la legislación vigente, incluyendo políticas de tolerancia cero ante cualquier conducta contraria a la legalidad, la ética y la integridad. Respetamos la labor de las autoridades competentes y el debido proceso, y mantenemos nuestra disposición de colaboración ante cualquier requerimiento que corresponda, en el marco de la legislación vigente”, respondió la empresa.
En un nuevo comunicado, Prosegur Cash rechazó categóricamente cualquier señalamiento que vincule a las empresas del grupo con prácticas de concertación, restricciones a la competencia o actos de corrupción. La compañía aseguró que desarrolla sus actividades en cumplimiento de la normativa aplicable y que cuenta con un programa de cumplimiento normativo, un código de ética y políticas específicas de libre competencia y anticorrupción.
La empresa también manifestó que respeta las actuaciones de las autoridades competentes, siempre que se desarrollen bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad y conforme al debido proceso. En ese sentido, reiteró su disposición a colaborar con la Fiscalía y proporcionar la información que corresponda para esclarecer los hechos materia de investigación.
Prosegur señaló que ejercerá su derecho a la defensa e iniciará las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables de difamaciones, falsedades, afirmaciones inexactas o atribuciones indebidas que afecten sus intereses, imagen y reputación.
Por su parte, Hermes Transportes Blindados rechazó las imputaciones y calificó de “injustificadas y desproporcionadas” las medidas adoptadas en el marco de la investigación. La empresa sostuvo que los cuestionamientos en su contra carecerían de fundamento jurídico y responderían a intereses de quienes buscan ingresar al mercado de transporte de caudales sin cumplir, según su posición, con los requisitos legales que exige esta actividad.
En un comunicado, la compañía también cuestionó que se haya intervenido el domicilio de algunos de sus representantes y señaló que la investigación se habría desarrollado durante diez meses sin que la empresa tuviera conocimiento de ella. No obstante, aseguró que continuará colaborando con las autoridades, como afirma haberlo hecho durante más de cuatro décadas.
Hermes indicó, además, que sus operaciones continúan con normalidad y que los servicios que presta a escala nacional no se han visto afectados. La empresa también anunció que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra quienes, a su juicio, promuevan acusaciones infundadas.
Aserpi cuestiona el allanamiento
Otro de los inmuebles intervenidos fue la sede de la Asociación de Seguridad Privada del Perú (Aserpi), que también rechazó la diligencia fiscal y aseguró que no tiene la condición de investigada en el caso. A través de un pronunciamiento, el gremio indicó que colaboró con las autoridades y entregó la documentación solicitada, aunque cuestionó que se haya dispuesto el allanamiento sin que previamente recibiera un requerimiento de información.
“Antes de esta diligencia, Aserpi no recibió requerimiento alguno de información por parte del Ministerio Público. De haberlo recibido, lo habría atendido de inmediato, como corresponde. En tal sentido, lamentamos la desproporción de la medida”, señaló la asociación en el comunicado.
El gremio también puso el foco en la naturaleza de las gestiones que habría realizado ante entidades públicas. En esa línea, rechazó que se pretenda cuestionar o criminalizar el ejercicio de la representación gremial y sostuvo que presentar posiciones técnicas, de manera formal y documentada, ante el Congreso y los organismos reguladores forma parte de los derechos de asociación, petición y participación reconocidos por la Constitución.
Aserpi expresó, además, su preocupación por la filtración de información reservada de la investigación, al considerar que puede afectar el debido proceso, la presunción de inocencia y la reputación de las organizaciones involucradas. La asociación negó categóricamente las imputaciones y reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades.
Por su parte, Enrique Ghersi, abogado de la entidad, calificó el allanamiento como ilegal y anunció que la asociación apelará la decisión judicial ante la Corte Superior para que sea dejada sin efecto.
“Respetuosa de los mandatos judiciales, la asociación ha dado todas las facilidades a las autoridades y ha cooperado en el cumplimiento del mandato judicial. Sin embargo, quiere dejar en claro que está procediendo a apelar esta decisión para que sea la Corte Superior quien la deje sin efecto”, sostuvo.
El abogado añadió que, a juicio de la asociación, la diligencia vulneraría sus derechos constitucionales, dado que Aserpi no forma parte de la investigación.
Especialistas comentan
Más allá de las diligencias, uno de los puntos centrales del caso será determinar si las gestiones realizadas por representantes del sector privado ante entidades públicas formaron parte de un ejercicio legítimo de participación en el debate regulatorio o si, por el contrario, habrían implicado un interés indebido de funcionarios para beneficiar a determinadas empresas.
Para Mario Zúñiga, investigador senior del International Center for Law & Economics, el análisis debe partir de una distinción: el lobby y la representación de intereses empresariales no son, por sí mismos, conductas ilegales. Una empresa o un gremio puede presentar informes técnicos, formular observaciones a proyectos normativos o reunirse con autoridades para defender una posición, incluso si esta favorece a los operadores que ya participan en el mercado.
El punto relevante, explicó, es la forma en que se realizan esas gestiones y si existe transparencia sobre ellas. También advirtió que no toda regulación que dificulta el ingreso de nuevos competidores es necesariamente injustificada, algunas exigencias pueden responder a objetivos legítimos de seguridad o estabilidad. La evaluación debe considerar si los requisitos son necesarios y proporcionales o si terminan convirtiéndose en obstáculos que los operadores establecidos pueden asumir con mayor facilidad que los nuevos participantes.
En esa línea, Zúñiga consideró que la imputación de negociación incompatible requiere un análisis riguroso. No bastaría con identificar decisiones administrativas que hayan beneficiado a un privado; sería necesario acreditar una conducta concreta que permita sostener la existencia de un interés indebido. De lo contrario, advierte, se corre el riesgo de criminalizar decisiones de gestión o actuaciones administrativas sin demostrar un comportamiento delictivo.
Pierino Stucchi, socio de Stucchi Abogados, coincidió en que todavía es prematuro extraer conclusiones. A su juicio, lo que ha trascendido hasta el momento es una hipótesis fiscal sobre posibles coordinaciones entre funcionarios públicos y representantes de empresas para establecer barreras de acceso a nuevos competidores.
“En nuestro país, en estos casos que surgen así sorpresivamente, considero que se deben evitar los juzgamientos anticipados. Esto está todavía en una fase inicial de investigación”, señaló.
El abogado recordó que los allanamientos son medidas de investigación que permiten a la Fiscalía ingresar a inmuebles para recabar evidencia, incluso cuando sus propietarios o responsables no lo autoricen, siempre que exista una orden judicial. Por ello, considera que la diligencia debe entenderse dentro de una investigación que recién comienza y no como una conclusión sobre la responsabilidad de las personas o empresas involucradas.
Stucchi también remarcó que debe respetarse la presunción de inocencia y garantizarse el derecho de defensa. La hipótesis fiscal, explicó, tendrá que ser contrastada con los descargos y la evidencia que presenten los investigados. “La presunción de inocencia solo puede ser vencida en una sentencia con un alto estándar de prueba denominado más allá de toda duda razonable”, sostuvo.
¿Qué falta esclarecer?
La investigación también abre interrogantes sobre el funcionamiento del mercado de transporte de caudales y las condiciones que deben cumplir las empresas para operar. Sin embargo, todavía no es posible determinar si existió una afectación efectiva a la competencia ni cuantificar eventuales consecuencias en precios, tarifas o calidad del servicio.
Stucchi consideró que, si se confirma que hubo obstáculos injustificados para el ingreso de nuevos operadores, corresponde evaluar sus efectos en el mercado. En ese análisis, señaló, el Indecopi tendría un papel relevante, pues es la autoridad encargada de examinar posibles conductas que afecten la competencia. También plantea que, si existiera una investigación paralela en esa entidad, debería evaluarse una coordinación con el Ministerio Público para evitar que ambos procedimientos se entorpezcan.
El especialista añadió que, si los requisitos exigidos para operar en el sector son legítimos y se aplican por igual a todos los participantes, la presencia de empresas que ya cumplen con ellos no representa, por sí misma, un problema para la competencia. La cuestión sería establecer si esas condiciones fueron utilizadas para impedir injustificadamente el ingreso de otros operadores.
Por ahora, el caso se encuentra en una etapa preliminar. Stucchi estimó que podría tomar alrededor de 18 meses conocer mayores conclusiones de la investigación fiscal, aunque el plazo dependerá de la complejidad de los hechos, la evidencia recabada y las actuaciones de la defensa.


