La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema admitió el recurso de casación presentado por la defensa de Alejandro Toledo. Con esta medida, el tribunal supremo evaluará en última instancia si el exmandatario deja el penal de Barbadillo para cumplir el resto de su condena en su domicilio.
La solicitud del exmandatario se apoya en la Ley 32181. Esta norma permite que las personas mayores de 80 años afronten sus condenas bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.
Sin embargo, esta no es la primera vez que lo solicita. Dicho pedido para cambiar la prisión efectiva por detención en su casa fue rechazado en dos ocasiones. El 9 de mayo de 2025, el tribunal de primera instancia desestimó la solicitud. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2025, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó esa decisión.
Ante estos fallos en contra, la defensa técnica del expresidente acudió a la máxima instancia judicial para revocar ambas resoluciones.
Al aceptar revisar el caso, los jueces supremos establecerán si una condena requiere estar confirmada de forma definitiva (firme) para que un adulto mayor de 80 años acceda al arresto domiciliario por razones humanitarias.
Asimismo, la Sala verificará si las instancias anteriores cometieron un error de motivación o si vulneraron el derecho a la libertad personal del exmandatario al aplicar el Código Penal.
Próximos pasos del proceso
El tribunal supremo dispuso que el expediente quede en la secretaría durante diez días para que tanto la defensa como la Fiscalía revisen el caso y entreguen sus argumentos adicionales si lo consideran necesario.
Una vez que termine este plazo, la Sala Penal Permanente programará la fecha de la audiencia virtual donde escuchará a ambas partes antes de tomar una decisión.
El caso Carretera Interoceánica Sur
Alejandro Toledo recibió una condena de 20 años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos en el proceso de la Carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
Según las investigaciones fiscales y las admisiones de la propia constructora brasileña Odebrecht, el exmandatario favoreció a la empresa en la licitación del proyecto a cambio del pago de sobornos.
