El Ministerio del Interior presenta las cifras como evidencia de una ofensiva policial contra la delincuencia: 2.256 bandas criminales desarticuladas entre el 29 de julio y el 29 de septiembre, 14.124 requisitoriados detenidos y 882 armas de fuego incautadas. El mensaje oficial es el de una Policía que estaría golpeando de manera sostenida al crimen organizado.
Pero la discusión sobre estas cifras no empezó con el último anuncio. En una evaluación previa, el estadístico Juan Carbajal puso en contexto un reporte anterior del Gobierno: 1.693 bandas desarticuladas en dos meses, equivalente a un promedio de 846 por mes. Al contrastar ese resultado con el acumulado oficial de 9.694 bandas registradas entre enero y agosto de 2026, que representaba un promedio de 1.211 mensuales, advirtió una caída aproximada del 30% en el promedio de bandas reportadas por mes.
Pero detrás de esos números hay una pregunta que el Gobierno no responde: ¿qué está contabilizando exactamente como una “banda desarticulada”? La interrogante adquiere mayor relevancia porque, mientras el Mininter acumula miles de agrupaciones supuestamente desarticuladas, el sicariato y la extorsión siguen golpeando a transportistas y otros sectores, con ataques armados que continúan registrándose en el país.
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Una cifra sin desagregar
Carbajal considera que una de las principales falencias para evaluar el resultado policial es la falta de un cuadro estadístico detallado y público que permita dividir las 2.256 bandas según su tipología delictiva.
La información, sostiene, debería precisar cuántas corresponden a robo común, extorsión, tráfico de drogas, sicariato y otros delitos, porque no es equivalente desarticular una estructura dedicada a extorsionar transportistas que intervenir a un pequeño grupo involucrado en un delito común.
“La observación sería sobre la falta de un cuadro estadístico detallado y público que divida las 2.256 bandas según tipicidad: robo común, extorsión, tráfico de drogas, etc.”, señala Carbajal.
La observación adquiere relevancia porque el propio Mininter presenta las 2.256 intervenciones como parte de una estrategia contra el crimen organizado. Sin embargo, el reporte difundido el 30 de septiembre no detalla cuántas de esas bandas estaban vinculadas específicamente con las modalidades que hoy generan mayor preocupación, como la extorsión y el sicariato.
El problema no es que las intervenciones policiales no hayan ocurrido. El punto es qué capacidad tiene esa cifra para demostrar que las estructuras criminales más violentas están siendo debilitadas.
El portal oficial de datos abiertos del Mininter señala que la producción policial contempla variables como bandas desarticuladas, personas detenidas, armas incautadas y otras intervenciones, con información desagregada por año, mes, dependencia y dirección regional. Sin embargo, la base pública disponible actualmente llega hasta julio de 2026, por lo que todavía no permite contrastar de manera consolidada el anuncio correspondiente al periodo julio-septiembre.
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¿Banda criminal o grupo de delincuentes?
El exviceministro del Interior Ricardo Valdés cuestiona, además, la forma en que la Policía utiliza el concepto de “banda”. “La Policía siempre ha usado todos los medios posibles para poder demostrar su productividad como una forma de medir su eficiencia”, sostuvo para La República.
Según Valdés, una de las dificultades está en que el concepto puede utilizarse de manera demasiado amplia. “Pueden capturar, por ejemplo, a dos personas en una moto que han estado robando celulares y eso lo van a hacer pasar como si fuera una banda”, afirma.
Su cuestionamiento apunta a la diferencia entre contabilizar una intervención y demostrar la existencia de una estructura criminal organizada. Para Valdés, una organización criminal debería evaluarse considerando elementos como estructura, línea de mando, cadena logística, objetivos y funcionamiento coordinado.
“No se toman en cuenta una estructura, una organización, una línea de mando, una cadena logística”, señala. Por ello, considera que el uso indiscriminado del término puede generar una imagen de mayor productividad policial sin necesariamente mostrar el impacto sobre las organizaciones criminales complejas.
“Las cifras que proporciona la Policía no son confiables”, afirma Valdés. Y agrega: “No solamente son infladas, sino que son tremendamente contraproducentes, porque lo que quieren es mostrar eficiencia y en la práctica están ocultando deficiencias por mostrar eficiencia”.
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Los 14.124 requisitoriados también necesitan explicación
La segunda cifra presentada por el Mininter tampoco equivale a “14.124 delincuentes peligrosos detenidos”. Se trata específicamente de personas capturadas que tenían requisitorias judiciales durante el periodo comprendido entre el 29 de julio y el 29 de septiembre.
Para Carbajal, también falta conocer la composición de ese universo. “Y del mismo modo, en cuanto a los más de 14 mil detenidos, [se necesita conocerlos] clasificados según el tipo de delito”, plantea.
El desglose permitiría saber cuántos estaban requeridos por investigaciones relacionadas con extorsión, sicariato, homicidio, tráfico de drogas u otros delitos graves y cuántos respondían a requisitorias por otros motivos.
Valdés plantea una interrogante similar: ¿qué tipo de requisitorias tenían esas 14.124 personas? Para el exviceministro, no basta con contabilizar la captura si no se conoce el nivel de peligrosidad, el delito investigado y qué ocurrió posteriormente con esas personas.
La diferencia es importante porque una requisitoria, por sí sola, no demuestra que la persona capturada pertenezca a una organización criminal.
Las cifras no prueban por sí solas una reducción
El exministro del Interior Wilfredo Pedraza considera que también debe tomarse con reserva cualquier conclusión que vincule el número de bandas desarticuladas con una supuesta reducción de la criminalidad.
“No es posible saber cuántas bandas realmente existen. Y si eso no es posible, puede resultar imprecisa una afirmación de que hay una reducción”, sostiene.
Su argumento es directo: capturar más personas o intervenir más bandas no significa necesariamente que existan menos bandas operando.
Para Pedraza, las cifras anunciadas forman parte de la actividad policial habitual y no muestran, hasta ahora, un cambio excepcional en la lucha contra las modalidades que más afectan a la población.
“Cada año, la Policía captura unas 10.000 personas aproximadamente... no veo una situación extraordinaria”, afirma. Y añade: “No encuentro todavía, lamentablemente, una acción excepcional distinta a lo que hemos visto antes”.
El problema está en lo que sigue ocurriendo
El cuestionamiento adquiere mayor peso cuando se contrasta el volumen de operaciones anunciado por el Gobierno con la persistencia de delitos como la extorsión y el sicariato, particularmente contra transportistas.
El propio Mininter informó como parte de sus resultados recientes la captura de tres presuntos integrantes de una facción vinculada con “Los Mexicanos”, investigada por exigir pagos a unos 55 colectiveros informales en el Cercado de Lima. Según el Gobierno, la estructura podía recaudar hasta S/2.000 diarios mediante estas exigencias.
Es decir, existen operaciones concretas contra estructuras extorsivas. El debate planteado por los especialistas es otro: si las 2.256 bandas anunciadas representan principalmente golpes contra organizaciones de este nivel de complejidad o si una parte importante de la cifra corresponde a intervenciones de menor escala.
Para Pedraza, el foco debería estar precisamente en las modalidades que continúan generando víctimas.
“Lo que hoy sangra el país: sicariato, sin duda el sicariato vinculado a la extorsión”, afirma. Desde su perspectiva, la respuesta requiere fortalecer las unidades especializadas contra estos delitos, con personal, vehículos, tecnología y recursos para inteligencia. “Las leyes no cambian la realidad. La realidad solo se combate con acción policial”, sostiene.
Más capturas no necesariamente significan menos crimen
El contraste entre las declaraciones de los especialistas y las cifras oficiales deja planteado un problema de medición. El Mininter cuenta intervenciones, bandas desarticuladas y requisitoriados capturados; pero para determinar si la estrategia está reduciendo el crimen organizado se necesita conocer qué estructuras fueron afectadas, qué delitos cometían, cuántos integrantes tenían, cuál era su nivel de organización y qué ocurrió después de las capturas.
Valdés resume el problema en una necesidad básica para cualquier política de seguridad: “No hay nada más útil en la lucha contra la criminalidad que tener cifras absolutamente creíbles, verificables”.
El Gobierno puede mostrar 2.256 bandas desarticuladas en dos meses. La cifra es oficial y corresponde al periodo informado por el Mininter. Pero, mientras no exista un desglose público que permita identificar qué hay detrás de cada intervención, el número por sí solo no permite establecer cuánto se ha golpeado a la extorsión, al sicariato o a las organizaciones criminales de mayor complejidad.
Y tampoco permite sumar automáticamente esta cifra a otros acumulados previos. El reporte de 2.256 corresponde específicamente al periodo del 29 de julio al 29 de septiembre y se superpone con los meses de julio y agosto de otros registros policiales. Por ello, no debe presentarse como el total nacional de bandas desarticuladas en todo 2026.
El reto para el Mininter, entonces, no es únicamente seguir aumentando el número de intervenciones reportadas. También es demostrar, con información pública y verificable, qué tipo de criminalidad está siendo realmente desarticulada y si esos golpes están modificando el escenario de extorsión y sicariato que continúa afectando al país.