La propuesta contempla destinar el 5% del total percibido por este concepto por los gobiernos regionales al financiamiento de actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
La iniciativa fue presentada por el diputado Adrián Alvarón, del grupo parlamentario Partido Cívico Obras, que propone modificar el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 27506, Ley de Canon.
Actualmente, la normativa establece que los gobiernos regionales destinan el 20% del canon a las universidades públicas y el 10% a los institutos y escuelas de educación superior de su circunscripción.
Con el cambio propuesto, se incorporaría una asignación adicional del 5% para los institutos públicos de investigación reconocidos en la Ley 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI).
¿CUÁNTO DINERO SE DESTINARÍA?
De acuerdo con la exposición de motivos, el cálculo del 5% sobre las transferencias de canon realizadas durante 2025 permitiría disponer de cerca de S/515 millones para financiar actividades de investigación.
La iniciativa identifica a Loreto, Cusco, Piura y Áncash entre las regiones con mayor potencial para aportar recursos a este financiamiento, debido a sus transferencias de canon y sus posibilidades de desarrollo científico y tecnológico.
El documento señala que estos recursos permitirían impulsar investigaciones relacionadas con el potencial biogenético de regiones como Loreto y Cusco, así como el desarrollo de tecnología aplicativa en actividades agrarias y pesqueras en Piura y Áncash.
¿Qué instituciones accederían al canon?
Entre las entidades que podrían beneficiarse de esta propuesta figuran el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), el Instituto Nacional de Salud (INS), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).
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También se considera a la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (Inictel) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).
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RECURSOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
En su análisis costo-beneficio, la propuesta reconoce que la incorporación de los institutos públicos de investigación como beneficiarios del canon podría reducir la disponibilidad de recursos de los gobiernos regionales para financiar sus proyectos de inversión pública.
Asimismo, advierte que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendría que recalcular los recursos del canon, lo que podría afectar el cronograma de financiamiento de los proyectos de inversión.
Como parte de sus argumentos, el documento también señala que entre 2022 y 2025 los gobiernos regionales y locales habrían recibido aproximadamente S/26.000 millones, pero dejaron de ejecutar alrededor de S/17.000 millones en proyectos de inversión pública, según un estudio de ComexPerú citado en la exposición de motivos.
La iniciativa sostiene que la incorporación de los institutos públicos de investigación permitiría aprovechar parte de estos recursos para generar conocimiento y tecnología que contribuyan a resolver problemas sociales, ambientales y productivos en las regiones.
De aprobarse la propuesta, la Contraloría General de la República deberá elaborar un informe anual sobre los proyectos y actividades financiados con estos recursos.
Además, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 90 días calendario para aprobar las normas complementarias correspondientes.


