La Fiscalía y la Policía Nacional detuvieron a siete presuntos integrantes de la organización criminal Los Gatilleros de Lima Norte – Canta Callao, investigada por extorsionar a empresas de transporte público de Lima y Callao. Entre los intervenidos se encuentra Jasén Rojas, alias ‘Chiquiplun’, señalado como presunto ‘brazo informático’ de la banda y quien habría accedido a bases de datos del Estado para obtener información de las víctimas y sus familiares.
Según la investigación fiscal, estos datos habrían sido utilizados para reforzar las amenazas contra los transportistas extorsionados. Los conductores de empresas como El Loro, La 21, La 30 y Translima S. A., entre otras, habrían sido obligados a pagar S/ 10 diarios para poder continuar trabajando.
La intervención fue ejecutada por el Segundo Equipo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional. Como parte del operativo se allanaron nueve inmuebles ubicados en Comas, San Martín de Porres y Callao.
¿Quiénes fueron detenidos?
Además de Jasén Rojas, fueron detenidos José Saavedra, quien sería el presunto cabecilla de la organización; Antony Lizana, señalado como presunto lugarteniente; y Carmen Laines, quien habría facilitado la ejecución sistemática de las extorsiones.
También fueron intervenidos César Lara, Alberto Lizana y Víctor Campos, investigados por su presunta participación en el cobro de cupos a transportistas.
La Fiscalía sostiene que los pagos exigidos a los conductores habrían permitido generar ingresos económicos para la presunta estructura criminal. Las autoridades investigan además el mecanismo mediante el cual se habría obtenido información personal de las víctimas y de sus familiares.
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Allanamientos en Lima Norte y Callao
Durante las diligencias fueron incautados teléfonos celulares, tarjetas de crédito y débito, una motocicleta, dinero en efectivo y documentos que contendrían registros de presuntos cobros ilegales.
Los bienes y documentos serán sometidos a las diligencias correspondientes como parte de la investigación. En el caso de Rojas, la Fiscalía busca determinar su presunta participación en el acceso y uso de información obtenida de bases de datos estatales.
El operativo ocurre en un contexto de incremento de las extorsiones contra empresas de transporte público de Lima y Callao. En los últimos años, este tipo de organizaciones han recurrido a amenazas y ataques contra conductores para exigir pagos a cambio de permitirles continuar con sus actividades.
