La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial dispuso investigar a los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias, ex integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, por presuntas irregularidades en la emisión y notificación de la sentencia al ex presidente Ollanta Humala y sus colaboradores del Partido Nacionalista Peruano por lavado de activos.
Esta investigación responde a una denuncia presentada por el ex tesorero del Partido Nacionalista Peruano, Mario Julio Torres Aliaga y su abogado Edinson Huamán Chacón. Los denunciantes refieren que la sentencia por presunto lavado de activos -anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional- se notificó por escrito el 2 de mayo de 2025, sin que exista certeza de la fecha en que fue emitida.
Como se recordará, el adelanto del fallo por lavado de activos contra Humala y el Partido Nacionalista se conoció públicamente el 15 de abril de 2025, fecha en la que se dispuso el ingreso inmediato de Humala y Mario Julio Torres a prisión. Sin embargo, la lectura íntegra de la sentencia recién se realizó el 29 de abril y se notificó por escrito el 2 de mayo en que habría sido firmada.
Mario Julio Torres Aliaga, ex tesorero del Partido Nacionalista pidió la investigación.La resolución que da inicio a la investigación disciplinaria señala presuntas irregularidades en la emisión y notificación de la sentencia, pues la resolución escrita con fecha dos de mayo genera dudas razonables sobre la transparencia del acto jurisdiccional, presumiendo razonablemente que dicha sentencia se habría elaborado con posterioridad a la fecha declarada oficialmente, pese a haberse comunicado previamente su contenido, afectando gravemente la seguridad jurídica y la confianza en la administración de justicia.
Los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa se opusieron alegando que sobre los mismos hechos ya existe otra investigación en la que incluso se les ha impuesto suspensión en el ejercicio del cargo por seis meses, pero la ANC-PJ analiza que los hechos y las personas no son los mismos.
En la primera investigación disciplinaria se investiga a los jueces por los hechos del 15 de abril, esto es, disponer el cumplimiento inmediato de un fallo que en esa fecha aún no se había concluido de redactar, lo que contradice el mandato constitucional de que nadie puede ser privado de su libertad, salvo por mandato escrito y motivado de un juez.
En tanto que en la nueva investigación busca aclarar cuándo estuvo lista la sentencia, el 15 de abril, el 29 de abril o el 2 de mayo de 2025. Julio Torres permaneció en prisión del 15 de abril a septiembre del 2025, cuando la Sala de Apelaciones le dio libertad al considerar que el Juzgado Penal Colegiado no había justificado el peligro de fuga para disponer el adelanto del cumplimiento de la condena.
