La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá definir si revoca la condena de 11 años, 05 meses y 15 días que se le impuso al expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de conspiración para rebelión a raíz de su fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022.El tribunal supremo declaró "bien concedido" el recurso de apelación que presentó el exmandatario, el 16 de diciembre del 2025, para que se revoque dicha condena que le impuso la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el 04 de diciembre del 2025.Mediante una resolución emitida el último 22 de octubre a la que tuvo acceso RPP, la sala presidida por el juez supremo titular, Víctor Prado Saldarriaga, determinó que dicho recurso de apelación es formalmente correcto pues cumple las formalidades previstas en el artículo 405 y del artículo 414, numeral 1, literal b), del Código Procesal Penal para ser admitido.La defensa legal del exjefe de Estado demanda, como tesis principal, que se revoque la sentencia condenatoria y se absuelva a su patrocinado por atipicidad de la conducta imputada (falta de elementos estructurales del tipo penal, inexistencia de conspiración por falta de idoneidad del procedimiento y falta de prueba del pacto).La defensa legal del exmandatario también plantea, como tesis alternativa, la nulidad del juicio oral por vicios insubsanables en la motivación (contradicción lógica) vulneración al principio de congruencia (mutación fáctica) y violaciones al debido proceso (juez natural y falta de acusación constitucional).La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema también resolvió declarar ""bien concedido" el recurso de apelación que presentó la exjefa del gabinete ministerial Betssy Chavez, a través de su defensa legal, el 17 de diciembre del 2025, para que se revoque la condena de 11 años, 05 meses y 15 días que se le impuso como presunta coautora del delito de conspiración para rebelión y se le absuelva de dicho cargo.La defensa de la exministra ahora exiliada en México alega una vulneración al principio de motivación de las resoluciones judiciales así como una vulneración a la presunción de inocencia, principio de lesividad y de legalidad penal.El tribunal supremo también resolvió declarar "bien concedidos" los recursos de apelación presentados por el exministro del Interior Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres.
La sala suprema declaró además "bien concedido" el recurso de apelación que presentó el Ministerio Público, el 16 de diciembre del 2025, para que se anule la sentencia absolutoria dictada en favor del jefe policial, Manuel Lozada y reformándola se le imponga la condena de 11 años, 05 meses y 15 días de prisión y dos años de inhabilitación para ejercer cargo público como coautor del delito de conspiración para rebelión respecto a este caso.El tribunal supremo dispuso también solicitar a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos un informe expreso y documentado con indicación de fecha y disposición fiscal correspondiente de en que momento y bajo que fundamento el delito de conspiración para rebelión dejó de ser objeto de la investigación preparatoria y del mismo modo requerir al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que informe si se ha emitido resolución alguna en etapa intermedia o en investigación preparatoria sobre el mencionado delito.La sala suprema determinó que se notifique su decisión a las partes para que, de ser el caso y si lo estiman conveniente, ofrezcan medios probatorios en el término de cinco días, de conformidad con los artículos 421 y 422 del Código Procesal Penal para luego, continuar con el trámite correspondiente y programar una audiencia virtual para evaluar estos recursos de apelación a fin de emitir una decisión final respecto a la situación legal de estas personas en los próximos días.El expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate, afronta también una investigación preparatoria , bajo mandato de prisión preventiva, a raíz de los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
