El Gobierno declaró en emergencia los sectores de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano, y Saneamiento, debido a las condiciones críticas que afectan el acceso de millones de peruanos a una vivienda adecuada y a servicios básicos como agua potable y alcantarillado.
La medida fue oficializada mediante un decreto supremo y anunciada este domingo por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, desde Arequipa. Según explicó, la declaratoria busca reorganizar el sector, priorizar intervenciones y acelerar proyectos que permanecen paralizados.
“Los proyectos de agua y desagüe demoran en promedio nueve años, algunos incluso más. Por eso hemos declarado en emergencia el sector, para reorganizarlo profundamente y emitir una normativa acorde con la emergencia para poder superar esta situación a nivel nacional”, señaló el ministro.
Millones de peruanos sin agua ni alcantarillado
Arnillas indicó que alrededor de 9 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable, mientras que 15 millones no cuentan con alcantarillado. A estas brechas se suma un déficit habitacional de 1,9 millones de viviendas en el país.
El titular del sector también informó que, al inicio de la actual gestión, se identificaron 252 proyectos de agua potable y alcantarillado paralizados. De ese total, 71 ya fueron destrabados, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda.
La declaratoria de emergencia también contempla acciones relacionadas con el desarrollo urbano, la titulación de predios y el acceso a una vivienda adecuada. Entre los problemas identificados se encuentra la falta de seguridad jurídica sobre terrenos ocupados por instituciones públicas, incluidas miles de instituciones educativas.
¿Cuánto tiempo durará la emergencia?
Como parte de la medida, el Ministerio de Vivienda deberá elaborar y aprobar, en un plazo máximo de 60 días hábiles, una Estrategia Sectorial con las acciones prioritarias para enfrentar las condiciones críticas identificadas.
El documento estará a cargo de los viceministerios de Vivienda y Urbanismo, y de Construcción y Saneamiento. La estrategia tendrá una vigencia de seis meses desde su aprobación.
El Ejecutivo sostiene que esta herramienta permitirá priorizar proyectos, articular acciones y establecer medidas para acelerar el cierre de las brechas de servicios básicos y vivienda.
